SIC IMPONE MULTA HISTÓRICA A DIMAYOR Y CINCO CLUBES DEL FPC POR LIMITAR LA LIBRE COMPETENCIA EN EL FÚTBOL COLOMBIANO

En un hecho sin precedentes para el deporte profesional en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción de más de 8.000 millones de pesos a la Dimayor y cinco clubes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) por incurrir en prácticas anticompetitivas que vulneraron los derechos laborales de los futbolistas y distorsionaron el mercado de fichajes en el país.

Los clubes sancionados son:

– Boyacá Chicó F.C.
– Unión Magdalena
– Deportivo Pasto
– Envigado F.C.
– Atlético F.C.

Según la investigación de la SIC, estas instituciones compartieron entre sí información confidencial y sensible sobre los jugadores, incluyendo detalles contractuales, antecedentes disciplinarios y decisiones internas, con el objetivo de limitar la contratación libre entre clubes. Esta práctica, conocida como “veto cruzado” o “lista negra”, impedía que ciertos futbolistas pudieran ser contratados por otros equipos, afectando directamente su derecho al trabajo y a la libre competencia.

La Dimayor, como entidad organizadora del campeonato, fue señalada por la SIC como facilitadora de estas prácticas, al permitir y legitimar el intercambio de información entre clubes sin mecanismos de control ni sanción. La Superintendenta Cielo Rusinque calificó el comportamiento como una “grave infracción al régimen de libre competencia económica”, y subrayó que el fútbol profesional no está exento de cumplir con las normas que rigen el mercado laboral colombiano.

– Hay multas económicas que superan los 8.000 millones de pesos en total.
– Advertencia pública sobre la necesidad de respetar los derechos laborales en el deporte.
– Precedente legal que podría abrir la puerta a demandas individuales por parte de jugadores afectados.
– Revisión urgente de los protocolos internos de contratación y comunicación entre clubes.

Porque pone sobre la mesa un tema que ha sido tabú durante años: el trato desigual y opaco hacia los futbolistas, especialmente aquellos que no tienen visibilidad mediática o respaldo sindical. También porque obliga a las instituciones deportivas a profesionalizar sus prácticas administrativas y a respetar los principios de transparencia, equidad y legalidad.

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